
Bruselas tiene el foco puesto en la fiscalidad de los Estados miembro. Tras las reiteradas advertencias, en la segunda mitad del año, sobre la necesidad de retirar progresivamente las ayudas a la crisis energética para que la política fiscal no contrarreste la política monetaria, la Comisión Europea advierte del riesgo de incumplir tales recomendaciones. Sus estimaciones económicas de otoño arrojan una señal preocupante: el grueso de las economías de la eurozona superarán el límite de déficit del 3% en 2023. Algunas de ellas, también en 2024.
En su paquete de otoño, Bruselas apuntaba que en 2023 y 2024 se espera que la posición fiscal de la zona euro se contraiga, «principalmente debido a la eliminación gradual de las medidas energéticas». Una contracción que el Ejecutivo comunitario prevé que contribuya a «construir colchones fiscales» y «a mejorar la sostenibilidad de la deuda en algunos Estados miembro», según detallaba en su paquete de otoño.
No es que tal propósito se haya difuminado, pero los planes presupuestarios presentados por los países a la Comisión Europea, cuyo plazo expiraba el 16 de octubre, mantenían parte de las medidas energéticas dispuestas. Esquivaban, en cierto grado, el mandato del Ejecutivo comunitario de proceder a su retirada a final de año, cuando estaba previsto.
El análisis de Bruselas era muy claro, Francia y Bélgica están en ese grupo de países en riesgo de no cumplir las orientaciones presupuestarias del Ejecutivo comunitario, Alemania, Italia, Austria, Portugal o Países bajos no están completamente en línea con las sendas marcadas desde Bruselas. España, por otro lado, es de las pocas que cumple, pero con unos presupuestos prorrogados por un Gobierno en funciones, que deberán ser actualizados.
En el caso del motor económico de la UE, sus niveles de déficit se enmarcan por debajo de ese umbral del 3% sobre el PIB. No obstante, la Comisión Europea advirtió en su análisis por país que, tras las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Olaf Scholz el pasado 9 de noviembre, no se considera que las ayudas energéticas se retiren lo «antes posible en 2024». En este marco, añade que los ahorros derivados de este abandono de apoyos a la energía serán «solo parcialmente utilizados para reducir el déficit del gobierno en 2024». Por lo que en su recomendación «invitó» a Berlín a eliminar tales ayudas.
Alemania dispuso en el arranque de noviembre un enorme paquete de apoyo para su industria para hacer frente a los altos precios de la energía. Su dotación se eleva a 28.000 millones de euros y se extiende hasta 2028. El paquete incluye desgravaciones fiscales a la electricidad de hasta 12.000 millones de euros anuales para 2024 y 2025 y podrán ampliarse hasta 2028, a la espera de la planificación presupuestaria. Se suma esta dotación a los 7.000 millones de euros dispuestos en agosto para las empresas, y al escudo protector de septiembre para empresas y hogares vulnerables ante el alza de precio de la energía.
Francia, por su parte, se llevó un tirón de orejas más severo desde el Ejecutivo comunitario. Si bien le reprocha, de nuevo, que la retirada no sea más ágil, reconoce que París tiene la intención de utilizar los ahorros de estas medidas para reducir el déficit. La Comisión Europea pidió al Gobierno galo que adoptara las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones fiscales de la UE para el próximo año, que incluyen el control del crecimiento del gasto y la supresión gradual de los apoyos a la energía.
Y es que el presupuesto del Ejecutivo galo se desvía de ese límite del 2,3% de aumento del gasto primario neto marcado por Bruselas. La Comisión Europea tampoco ve con buenos ojos los incentivos que el Gobierno galo ponía sobre la mesa para acelerar la transición verde, como dotar de subsidios a la industria de vehículos eléctricos, ya que considera que no se centra en los más vulnerables
Porque esto era lo que pedía el Ejecutivo comunitario: una posición fiscal prudente especialmente de cara a finalizar el año. También que las medidas energéticas fueran específicas y focalizadas, que se dirigieran únicamente a los más vulnerables en esta segunda mitad del ejercicio
La idea inicial era proceder a la retirada de estas medidas a finales de 2023. Pero los países han optado por transitar otras sendas. Ante este panorama y las demandas de las capitales, la UE ha aprobado esta semana la prórroga de un año del tope al precio del gas en las plazas comunitarias, la aceleración de permisos de proyectos renovables y el mecanismo de solidaridad entre Estados miembro. Se han extendido, además, las ayudas a las empresas para paliar los altos precios de la energía. Una ampliación que abarca hasta finales de marzo.
Roma ha procedido a retirar parte de estas medidas energéticas, como las bonificaciones fiscales para la mejora de la eficiencia energética de edificios. Sin embargo, estos ahorros no se destinarán a reducir el déficit, por lo que Bruselas le invita a seguir las recomendaciones fiscales. La Comisión Europea ha aconsejado al Ejecutivo de Meloni que este «listo» para tomar las medidas adecuadas el año que viene la ejecución presupuestaria no sigue la línea marcada desde Bruselas.
No es este el caso de Atenas, cuyo presupuesto refleja el mandato de la Comisión Europea de retirar las medidas energéticas en 2023 y 2024. Seguirán vigentes en 2024 las ayudas a la electricidad dirigidas a los hogares más vulnerables, también los subsidios para la calefacción que se extenderán a 2025. El coste de estas medidas se compensa en parte con el impuesto sobre el gas natural utilizado para la producción de electricidad.
También Países Bajos seguirá el mandato de Bruselas de retirar el apoyo económico a la crisis de precios de la energía Aún así la Comisión Europea no cuenta con que la Haya destine los ahorros a reducir el déficit, pues experimentará un repunte del 0,5% en 2023 al 1,8% en 2024. El Ejecutivo holandés hasta mediados de año que viene la reducción de los impuestos especiales sobre la gasolina y el gasóleo.
Un patrón similar se reproduce en Austria que, si bien cumple la retirada de medidas energéticas, los ahorros no se trasladarán al recorte del déficit. Viena prevé mantener el tope al precio del gas hasta mediados de 2024 y aplicará una reducción al IVA que se aplica a los sistemas fotovoltaicos.
Fin de la barra libre
El análisis de Bruselas muestra disconformidad con que algunos de los países más endeudados de Europa aumenten su gasto y se desvíen de la disciplina fiscal. Se intensifica el escrutinio de las finanzas públicas: España, Francia, Italia, Bélgica, Letonia, Malta, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia podrían verse sometidos a procedimientos de déficit excesivo en 2024, según enumeraron fuentes comunitarias durante la presentación del paquete de otoño.
En cierto modo es algo que se daba por sentado de puertas para adentro en Bruselas: una cifra considerable de Estados miembro caería al amparo de este expediente. Las reglas fiscales comunitarias fueron suspendidas a causa de la pandemia a través de la desactivación de la cláusula de escape. Un movimiento que dejó sin efecto las reglas que limitan el déficit sobre el PIB de los Estados miembro al 3% y la deuda al 60% y con el que se intentó paliar el golpe económico del COVID-19 por el parón de la actividad.
La suspensión de las reglas fiscales se prorrogó en mayo de 2022 en respuesta a una crisis que no estaba prevista, en este caso la guerra de Ucrania y la espiral alcista de los precios de la energía. Su fin se planteó para cierre de 2023, pero ya en aquel momento el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, avisó de que no habría «barra libre».
El 2024 se articulará como un periodo transitorio. Una etapa en la que los técnicos del Ejecutivo comunitario vigilarían de cerca y evaluarán que se estuvieran cumpliendo los objetivos de déficit y deuda. Dada la elevada incertidumbre de las circunstancias no será, finalmente, hasta la próxima primavera que Bruselas habrá a los Estados miembro procedimientos de déficit excesivo.
La Comisión Europea propondrá al Consejo de la UE abrir procedimientos por déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2023, es decir, los datos validados por Eurostat que estarán disponibles en la primavera del próximo año, recuerda un portavoz comunitario. Un factor que Bruselas recomendó a los Estados miembro tuvieran en cuenta a la hora de elaborar sus presupuestos para 2024.
Según sus estimaciones, España cerraría el ejercicio con un déficit del 4,1% para bajar al 3,2% en 2024, según las previsiones de otoño del Ejecutivo comunitario. Francia lo hará en el 4,8%, Italia en el 5,3% o el 4,9% de Bélgica. Entre las principales economías de la UE cumplirían Alemania, con un déficit del 2,2% a cierre de 2023, Grecia con un 2,3% o Países Bajos, para quien la previsión apunta al 0,5% pero al alza en los siguientes ejercicios. Los niveles más altos, ya contando los veintisiete países de la UE serían los de Rumanía, con un 6,3% del PIB, Hungría con un 5,8% y Eslovaquia, con un 5,7%.
Todo ello dependerá de las medidas fiscales que adopten los países. En el caso de España, Bruselas volverá a evaluar la actualización presupuestaria del reelegido Gobierno de Pedro Sánchez. Pendiente de ser aún presentada ante Bruselas, el Ejecutivo español ya anunció la extensión de medidas fiscales antiinflación, El conocido escudo socialcostará más de 12.000 millones de euros e incluye, entre otras, la extensión de la reducción del IVA de los alimentos, la gratuidad del transporte público para jóvenes o la prórroga de la rebaja del IVA de la electricidad.